El tema de la autonomía de los centros que aquí se formula debe trascender tanto el engañoso concepto que LOE, LEC o LEA proclaman a los cuatro vientos, como cualquier debate de regusto ideológico que ponga en cuestión la pertinencia de una enseñanza pública. Teniendo en cuenta que la autonomía que Deseducativos propone se ciñe, en este caso, a la libre capacidad de los centros para elaborar los planes de estudios de todas la etapas educativas, ruego a los lectores hagan compatible dicho tema con una premisa que estimo nadie está dispuesto a discutir: la incuestionable necesidad de una enseñanza pública que asegure la promoción social de sus alumnos y vele por que todos los ciudadanos accedan al conocimiento. Antes de seguir, además, dejaré a un lado -pues no toca hablar de ello- otra cuestión que ya ha salido en el debate: la autonomía de los centros para contratar personal.
¿Quiénes elaboran los planes de estudio que aparecen en los reales decretos? ¿Alguien se lo ha planteado alguna vez?
Por un lado, podemos imaginarnos a una serie de expertos discutiendo, proponiendo y tachando bloques de contenidos. Cada uno de estos personajillos sería lo más parecido a un sabio en su materia, además de poseedor de una dilatada experiencia en la etapa educativa correspondiente. Luego está el Consejo Escolar del Estado, compuesto por expertos, sindicatos y apas, un totum en el que esa experiencia de aula de sus componentes brillará casi siempre por su ausencia. Por último, tenemos a las editoriales más influyentes o al reducido y mediocre grupo de burócratas que rodean al ministro de turno. De los tres casos -no se me ocurre ningún otro-, el sentido común nos dicta que sólo los dos últimos se acercan a la realidad. Así pues, ahora mismo estamos asistiendo impávidos al siguiente panorama: una serie de individuos que no han dado una maldita clase en su vida proponen y deciden, no sólo qué contenidos, sino la presencia de éstos en las diversas etapas y ciclos formativos. Por ello no habría de extrañarnos que a menudo suelan ocurrir cosas tan inconcebibles como que al partido político que toca poder se le antoje inventarse materias de nuevo cuño que nada tienen que ver con ese consenso social hegeliano que simboliza la ciencia, que se carguen otras asignaturas por mero interés partidista, por simple miopía o por presiones de poderes fácticos al uso, y que la distribución temporal de la mayoría de las asignaturas sea irreal -en el mejor de los casos- o rematadamente absurda -en el peor-.
Ahora bien. Imaginemos por un momento un sistema educativo estructurado a partir de reválidas de cambio de etapa. Imaginemos que el Estado es el encargado de organizar y evaluar esas pruebas. Imaginemos que el Consejo Escolar del Estado u otros organismos sólo tienen que proponer los objetivos a cumplir en cada uno de los exámenes. Imaginemos que, como en ese supuesto caso tendrían que bajar al ruedo por primera vez en su vida, delegaran, ahora sí, en expertos que los detallasen. Imaginemos que hasta ahí llegara su presencia. ¿Qué podría ocurrir?
Esto es lo que en Deseducativos entendemos por autonomía:
1.- Los colegios e institutos, con los objetivos de la reválida para el año siguiente, delegarán en los diversos departamentos didácticos no sólo la especificación de los contenidos, sino su secuenciación por cursos o ciclos.
Partimos de la base de que son necesarias unas pruebas estatales al final de cada etapa educativa para evaluar a los alumnos, a los centros y al sistema en sí mismo. Cuando digo “estatales” me estoy refiriendo a exámenes de cada una de las disciplinas que se imparten en las diferentes etapas elaborados por algún organismo central del Ministerio de Educación, del Consejo Escolar del Estado o de otra institución creada expresamente para ello. También me refiero a un hecho que parece que no se entiende muy bien: los centros -públicos y privados- no participarán en la evaluación de estas pruebas, sólo estarán habilitadas para ello las diferentes comisiones estatales o tribunales de corrección. Y, además, ha de quedar claro que los resultados serán vinculantes y no la filfa a la que nos tienen acostumbrados las juanpalomistas pruebas de diagnóstico que en la actualidad las Comunidades Autónomas están llevando a cabo.
En ningún caso habrá un ente superior que delimite el camino a seguir distinto de la reválida, basada en resultados y no en las consabidas abstracciones pedagógicas. Esa reválida impondrá los límites y dejará al profesor la libertad de trazar el sendero que lleve a la consecución de los objetivos. Pero, ojo, en todo momento estamos hablando de una libertad con una altísima dosis de responsabilidad, pues allí estará en juego, no sólo el prestigio del centro, sino el del mismísimo profesor -algo vagamente, lejanísimamente parecido ocurre ahora con el profesor de 2º de Bachillerato y la PAU-.
2.- Los centros privados estarán sometidos al mismo estrés organizativo. ¿Que en sus aulas seguirá sin haber inmigrantes o alumnos de capas sociales desfavorecidas? Claro, es lo normal. ¿Que lo tendrán más fácil? Eso estaría por ver, porque el sistema público se alimentará -gracias a la mejora en el acceso a la función pública que proponemos- de profesionales mejor preparados y de una estructura nueva -tres itinerarios post obligatorios- que lo corregirán.
Los resultados de las reválidas -vinculantes todos ellos, pues de ellos depende que un alumno pase o no a la siguiente etapa educativa- serán públicos. Los centros privados tendrán que hacerlos públicos también. Por eso se establecerá una sana competencia. Pensar que esos resultados estarán condicionados por la procedencia social de los alumnos es caer en el mismo cuento de siempre. De ahí a pasar a la comprensividad y al café para todos hay un paso. Pero lo más grave de esa argumentación es que niega a priori que los alumnos “pobres” puedan promocionar socialmente -que, recordémoslo, es el único imperativo válido de cualquier enseñanza pública-. No se ha de caer en el reduccionista prejuicio de pensar que, como mis alumnos son inmigrantes o gitanos o de clase social desfavorecida, están condenados a no levantar cabeza. Los centros de esas zonas, los que reciben alumnado de ese tipo, deberán, partiendo de una situación de igualdad legal y educativa, deslomarse para conseguir buenos resultados, al margen de que puedan recibir ayudas extra para facilitar esa labor.
3.- Los centros de Bachillerato y de Formación Profesional podrán especializarse en el itinerario o el módulo que les dé la gana. E incluso podrán competir con otros centros -públicos o privados-. Imaginen qué implicación la de esos padres que, teniendo la absoluta libertad de elegir centro para sus hijos, se interesen por los planes que éste oferta, por los resultados de otros años, por la capacitación de sus profesores. ¿Es tan increíblemente nefasta la palabra “competencia”?
Porque recordemos que si los departamentos didácticos elaboran sus planes y secuencian los contenidos con los exámenes estatales como único horizonte, cada colegio, cada instituto, cada centro de Formación Profesional -públicos o privados- será diferente y ofertará procedimientos, programas e incluso métodos distintos. ¿Cómo saber si son buenos? ¿Por dogma de fe pedagógica como hasta ahora? ¿Porque lo dice la administración de turno como hasta ahora? No. Sencillamente por los resultados en las reválidas. Así, no sólo se creará competencia entre centros y mayor interés de las familias por la educación de sus hijos, sino que se prestigiará socialmente la labor del docente, quien estará obligado a buscar con ahínco la excelencia de sus alumnos.
Existe un sector de la sociedad que no se cansa de exigir libertad de elección de centro y no cae en la cuenta de que, por mucho que se pudiera elegir, sin autonomía de los colegios -públicos o privados- en la planificación de sus estudios, esa libertad se quedará siempre en una impostura más de la enseñanza española. Si el Estado dejara absoluta libertad a las familias para elegir centro pero mantuviera el monopolio y la fiscalización actuales de los planes de estudios, ¿creen ustedes que la libertad de elección sería un hecho? Por ello, ¿qué es lo que de verdad asegura la elección? Que lo que se elige sea diferente. Esto no es cuestión de clases medias, bajas o altas. Aquí lo importante es velar por que los centros, públicos o privados, puedan dar lo mejor de sí mismos, sin tutelas monopolizadoras del Estado, potenciando la competencia entre ellos con libertad.
En el escenario que se plantea, los centros de enseñanza públicos -sus departamentos didácticos, en realidad- podrán presentar una oferta de planes tan rica y variada como el éxito en los exámenes estatales lo permita. Los padres, por su parte, podrán matricular a sus hijos donde mejor les convenga con el número de plazas y el orden de llegada como únicos impedimentos. El riesgo de que existan centros de primera y segunda categorías será el mismo que actualmente existe, y los condicionantes para ello serán bastante idénticos: situación geográfica, clase social, etc. Sin embargo habrá una diferencia sustancial que mejorará, sin duda, el panorama: los resultados de las reválidas orientarán tanto a las familias como a los propios centros. No es posible pretender una mejora sustancial del nivel académico de todos los alumnos sin crear instrumentos de evaluación y corrección. Hoy en día los centros públicos de zonas deprimidas están condenados a seguir siendo lugares de segunda categoría. Con los exámenes estatales como incentivo, cabrá la posibilidad de que se planteen reformas serias y sensatas -y no hay que descartar la idea, como ya se ha apuntado más arriba, de las ayudas estatales adicionales- a fin de salir del agujero y competir en igualdad de condiciones. El prejuicio ideológico que abomina del concepto “competencia” niega, en el fondo y en la forma, la promoción social del alumnado de clases desfavorecidas y contradice el espíritu de excelencia y el afán de superación que ha de guiar tanto a los docentes como a los discentes.
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